Lo que queremos y pensamos hacer en nuestro territorio "El plan de vida de los pueblos indígenas de Colombia, una línea básica en la construcción de etnoecodesarrollo".El caso del pueblos Wounaan en el Bajo Baudó, departamento del Chocó"

Abstract

En Colombia 1.378.884 habitantes son indígenas, lo cual corresponde al 3,4% de la población total del país (DANE, 2005). Están localizados en 710 resguardos , esto es, 228 municipios de 27 departamentos (DANE, 2005). Sus procesos de organización y lucha, que datan de la época de la conquista, han tomado mayor fuerza y coherencia en los últimos veinte años en los que se han consolidado organizaciones de diverso orden con fines reivindicativos y de autogestión bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. La Constitución de 1991, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (CPC; Art. 7). Consagra para estas comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación, tales como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad nacional, las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país como lenguas oficiales en sus territorios, la educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos y la doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera (CPC, arts. 10 y 96). La diversidad regional, étnica y cultural que definieron para el país; como una nación más acorde con la realidad y más compatible con la ética universal y humanista de los principios que dan origen a las sociedades democráticas y participativas. Las referencias se dan al revisar lo que pasó a partir del 12 de octubre de 1492: la introducción de nuevas plantas y animales llegadas con los europeos, la inserción de dichos pueblos y personas africanas con prácticas culturales y tradiciones típicas, al final alteró los ecosistemas existentes en las nuevas tierras, sus estructuras sociales y culturales (Fals Borda, 1974:14). Pero no solo fue solo eso, también se dan cambios importantes en las actividades normales para los indígenas, para cumplir con las labores a las que los sometieron los colonizadores; inicialmente obligados al trabajo por la extracción de metales, y posteriormente por el usufructo de la tierra (Fals Borda, 1974). Hoy, los indígenas colombianos plantean de nuevo la posibilidad de que se establezca una convivencia multiétnica y pluricultural solidaria con la construcción de un proyecto nacional autónomo. La Constitución de 1991 que les otorgó la posibilidad de ocupar cargos públicos de elección nacional, llevó a que congresistas indígenas presentaran en 2003, ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República, un proyecto de Acto Legislativo que buscó adicionarle al artículo 339 de la Carta Política (referido al Plan Nacional de Desarrollo) un inciso para que los pueblos indígenas y los grupos étnicos en general puedan elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, acorde con sus usos, costumbres y valores culturales propios. Este marco de derechos formales dista mucho de ser una realidad para las comunidades en lo que a calidad de vida se refiere y en el cumplimiento de su derecho de autonomía en su territorio. Persisten en ellas graves problemas como la usurpación de sus territorios por colonos, terratenientes y otros grupos sociales que atentan contra la tranquilidad, la paz y su pervivencia.

Un ejemplo claro de esto son las comunidades indígenas de la Costa Pacífica en Colombia; especialmente las comunidades del departamento de Chocó, que aun siendo una región de incalculable riqueza en recursos naturales, han visto afectadas sus vidas con la creciente presencia de grupos armados que sostienen una confrontación por el control de territorios, por la producción y la transformación de cultivos de uso ilícito, asentando sus tropas y alimentando el clima de guerra. Incluso, en los últimos años ha sido notable la aparición de nuevos actores sociales que hacen de la región un espacio para el desarrollo de actividades económicas legales o ilegales.