La depuración republicana de funcionarios judiciales hasta el inicio de la Guerra civil

Abstract

Inmediatamente después del fallido intento de golpe de Estado, encabezado por el general Sanjurjo, el Gobierno de Manuel Azaña presentó en las Cortes un proyecto de ley para separar de sus cargos a todos los funcionarios civiles o militares que fueran considerados desafectos al régimen republicano. Esa ley, de 11 de agosto de 1932, se vio complementada con la de 8 de septiembre de mismo año, por la que se permitía al Ejecutivo acometer discrecionalmente la jubilación forzosa de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, con independencia de su edad. Ambas leyes fueron objeto de severas críticas, no sólo por la oposición política, sino también por colectivos de profesionales del Derecho, como los abogados, quienes vieron en ellas una clara amenaza a la independencia judicial y una flagrante vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente. Con la llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros de Alejandro Lerroux, se fijó que uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gabinete debía ser la reposición en sus puestos de todos los funcionarios que habían sido apartados sin que se les hubiera instruido expediente previo. Fruto de ello, fue la promulgación de la ley de 13 de diciembre de 1934. Sin embargo, con el comienzo de la Guerra Civil se intensificó, nuevamente, la depuración de funcionarios, siendo los adscritos a la Administración de Justicia unos de los más afectados.

Immediately after the failed coup attempt, headed by General Sanjurjo, the Government of Manuel Azaña presented a bill in Parliament to remove from their posts all civil or military officials who were considered disaffected by the Republican regime. That law, of August 11, 1932, was complemented by that of September 8 of the same year, by which the Executive Branch was allowed to undertake at its discretion the forced retirement of civil servants in the judicial and fiscal careers, regardless of their age. Both laws were severely criticized, not only by the political opposition, but also by groups of legal professionals, such as lawyers, who saw in them a clear threat to judicial independence and a flagrant violation of constitutionally recognized rights. With the arrival to the Presidency of the Council of Ministers of Alejandro Lerroux, it was established that one of the priority objectives of the new Cabinet should be the reinstatement in their positions of all the officials who had been separated without having been instructed in a previous file. The result of this was the promulgation of the law of December 13, 1934. However, with the beginning of the Civil War, the purge of officials intensified once again, with those attached to the Administration of Justice being some of the most affected.