Organismos de control y participación en la gestión. La participación ciudadana y representativa

Abstract

La Constitución española de 1978 se refiere de forma directa o indirecta a la “participación” en numerosas ocasiones; entre otras, en los artículos 1, 6, 9, 23, 27, 45, 48, 51, 66, 68, 69, 87, 92, 105, 125, 140, 141, 143, 151, 152, 167 y 168, y es que es notorio que la participación ciudadana constituye uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático. Una de las principales aportaciones del presente capítulo es el análisis que se hace de las diversas modalidades de participación y la propuesta de una mejora de la eficacia de las normas jurídicas, así como del cumplimiento de sus objetivos. Junto con esto, se ofrecen soluciones frente a los diversos problemas de interpretación y orientación relativos a la principal cuestión de fondo, que gira en torno al debate de la mayor o menor participación ciudadana en la vida pública y política. La primera forma de participación es la que se canaliza a través de la representación política y de la institución que la encarna: el Parlamento. La consecuencia inmediata que se analiza en el presente capítulo es que a partir de este hecho se generan otros elementos que completan y perfeccionan el modelo, incluyendo diferentes medios, instrumentos y técnicas concretas. Entre los primeros debemos mencionar los principios de transparencia y control y entre los instrumentos concretos y las técnicas toda una amplia batería de posibilidades reconocidas por el ordenamiento jurídico. Así, pues, la participación y sus dos derivados, la obligación de actuar de forma transparente y la posibilidad de control implican, a su vez, que los ciudadanos pueden intervenir tanto de forma individual como colectiva, siendo esta segunda modalidad, en nuestra opinión, mucho más eficaz, de ahí que la auténtica calidad de un sistema democrático se mida justamente por las posibilidades de intervención que ofrece a sus ciudadanos. Lo más importante es que sistema favorece un mayor grado de adhesión al sistema y aumenta el grado de control sobre el mismo por parte de la ciudadanía. De este modo, la Administración Pública asume que su modo de actuación tiene límites que le vienen impuestos por el hecho de que los ciudadanos intervienen, son oídos, influyen, condicionan y, en suma, se hacen cargo de su responsabilidad.

En cuanto a las formas concretas de participación relacionadas con la gestión administrativa del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los entes locales el presente capítulo pone de manifiesto dos cosas: una, que de un tiempo a esta parte se observa un aumento del nivel de participación ciudadana que tiene que ver, en nuestra opinión, con la situación de crisis económica y, por otra parte, que la participación es mayor, en líneas generales, con respecto a los entes locales por tratarse de la estructura administrativa más cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos.