Los registros biométricos y su aplicación al proceso penal desde una perspectiva constitucional en Inteligencia artificial legal y administración de justicia

Abstract

El presente capítulo aborda, la relación existente entre la biometría, la IA -inteligencia artificial- y la seguridad, teniendo en cuenta el pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales y su aplicación en el proceso penal. Es decir, en cuanto a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

Para ello, se parte de la definición de los conceptos de seguridad e identificación, para seguidamente centrarse en el contenido del artículo 18.4 de la Constitución española que subraya la especial atención que debe prestar el legislador en cuanto al uso de la informática y cómo la ley debe limitar su uso para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, así como el pleno ejercicio de sus derechos. También se considera la jurisprudencia más relevante del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El capítulo realiza un análisis de cómo los delincuentes intentan burlar la ley y cómo, gracias a los avances tecnológicos (como el uso combinado de biometría con IA), es posible hacerlo de manera sumamente eficaz. Seguidamente se destacan los riesgos de su utilización indiscriminada y se señala cómo, para nuestro Tribunal Constitucional, el orden legislativo debe ser interpretado de la forma más favorable para la “efectividad” de los derechos fundamentales.

En este sentido, se señala que los límites del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, derechos garantes de la vida privada de los ciudadanos, pueden quedar hasta cierto punto desdibujados si se realiza un uso indiscriminado de los avances tecnológicos.

Posteriormente, el capítulo se centra en el análisis de las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal, delimitando el objeto -tratamiento de datos personales- así como los fines -prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública-. Esta cuestión se establece en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

A continuación, se responde a una serie de preguntas como ¿qué es la biometría y cómo se deben tratar estos datos? ¿Qué es la inteligencia artificial? y se establece su relación con otras cuestiones como la estrategia europea de datos.

De igual forma, se analiza la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, es decir, la denominada Ley de inteligencia artificial. Se advierte tanto de los peligros de su uso indiscriminado como de los perjuicios sociales y económicos de su prohibición total, subrayando que se trata de un avance tecnológico que afecta a un nivel que hoy en día no somos capaces de imaginar y que implicará todo un cambio en nuestro modo de vida.

El estudio también recoge las voces discrepantes que abogan por la prohibición absoluta de su uso y los férreos defensores de su implementación.

La contribución al progreso del conocimiento es evidente, ya que, tras la exposición del estado de la cuestión, se toma partido a favor de la incorporación de los avances tecnológicos, siempre que se establezcan límites que garanticen la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal ante la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

La obra finaliza con un apartado de conclusiones en el que propone, ante las redes de delincuencia organizada que operan a escala internacional y se valen de los últimos avances tecnológicos para burlar la ley, dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de las herramientas necesarias (formación, confianza, trazabilidad) para una rápida, eficaz y adecuada persecución de los delitos. A la vez, se debe dotar a nuestro sistema judicial de una necesaria modernización que respete y proteja los derechos fundamentales de las personas y ponga fin a las desigualdades de los colectivos más desfavorecidos a los que una sociedad plural no debe desatender.