La tutela judicial efectiva y el principio de intervención mínima

Abstract

La presente investigación analiza el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en relación con el principio de intervención mínima en el ámbito penal. Este derecho, definido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 19/1983, de 14 de marzo, como la garantía de obtener una resolución judicial fundada en derecho, se estructura en tres etapas esenciales: acceso a los tribunales, obtención de una resolución y ejecución del fallo.

En este marco, las normas penales son descritas como un tipo especial de constitución o, más bien, como una “Constitución en negativo”, dado que reflejan el esfuerzo de la sociedad por preservar el orden social y la seguridad. El Derecho penal, conforme a los principios de legalidad e intervención mínima, actúa como última ratio, limitándose a la protección de bienes jurídicos frente a ataques graves e intolerables, y siempre que otros mecanismos legales resulten insuficientes. La Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1991, de 4 de julio, destaca que este principio debe ser aplicado con extrema cautela, evitando cualquier desproporción que vulnere la dignidad de la persona o los principios del Estado de Derecho.

Desde un enfoque cuantitativo, el derecho a la tutela judicial efectiva es el más invocado ante el Tribunal Constitucional, representando el 75,06% de los recursos de amparo en 2020, muy por encima de otros derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, que solo alcanzó el 13,83%. Estos datos evidencian su centralidad en la defensa de los derechos fundamentales.

Asimismo, la investigación examina las pautas establecidas en la Circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado, que regula el ejercicio de la acción penal en delitos leves, incluyendo la introducción del principio de oportunidad reglada. Este principio, reforzado en sentencias como la STC 55/1996, de 28 de marzo, permite al Ministerio Fiscal instar la terminación anticipada de procedimientos en casos de escasa trascendencia social, subrayando el carácter subsidiario del Derecho penal y fomentando la desjudicialización de conflictos menores.

El texto también refleja cómo el contexto social globalizado ha transformado la percepción de ciertas conductas, catalogando algunas como “delitos bagatelas” propensos a la descriminalización, mientras que otras adquieren un valor jurídico y social reforzado. Este cambio, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 477/2020, de 28 de septiembre, resalta la importancia de contextualizar la aplicación del Derecho penal a las necesidades contemporáneas, promoviendo el uso de procesos alternativos para cuestiones menores.

Finalmente, la investigación aboga por la desjudicialización de pretensiones de escasa relevancia social o manifiestamente infundadas, derivándolas hacia procedimientos más ágiles y sencillos que no comprometan las garantías procesales. Así, se aligeraría la carga de la administración de justicia, reservando su actuación para casos de especial trascendencia y garantizando una tutela judicial efectiva adaptada al contexto actual.