Convenios de Transición Justa: perspectivas jurídico-laborales

Abstract

En la actualidad, la Humanidad se encuentra en una encrucijada extremadamente peligrosa y de la que será difícil salir. Son múltiples los peligros que se avecinan como consecuencia de la presente crisis medioambiental. En concreto, la entidad del cambio climático, ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero , no es discutida por nadie en la comunidad científica. Es opinión común que una subida de más de 1,5º de la temperatura media mundial hace del cambio climático algo irreversible. Es necesario la toma de medidas radicales que consigan revertir dicho ascenso de las temperaturas y las nefastas consecuencias que ello conllevará. Además, la fase de nuestra historia en la que la energía y las materias primas podían ser obtenidas de manera barata está pasando. La extracción mundial de combustibles fósiles, fuente fundamental para la obtención de energía en la actualidad, ha alcanzado su cénit. Cada vez será más costosa su extracción y, por ello, no será posible continuar con un modelo de producción basado en la utilización de energía barata . En tercer lugar, el planeta ha superado la capacidad de carga de unos residuos producidos por el modo de producción en el que hemos vivido los últimos siglos. La basura se ha convertido en uno de los mayores problemas de nuestro planeta y se hace imprescindible una política de reducción severa de su generación y un intento de reciclaje de la ya existente para revertir el colapso medioambiental. Partiendo de este contexto, y como consecuencia de los compromisos adquiridos por España en la Cumbre del clima de París de 2015, se aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima en febrero de 2019. En este se incluían tres pilares básicos: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (en adelante, LCCTE); la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (consecuencia del Reglamento 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima) (en adelante PNIEC); y la aprobación de la Estrategia de Transición Justa (publicada en noviembre de 2020) (en adelante ETJ). Esta última será el punto de arranque de este estudio por cuanto que en ella se anuncia la necesidad de asegurar que dicha transición no implique un perjuicio para las personas trabajadoras que puedan verse afectadas. Hemos de advertir desde este primer momento que las medidas incorporadas en los diversos instrumentos mencionados y, también, las que se incluirán en los futuros Convenios de Transición Justa (en adelante CTJ), no suponen la implementación de medidas que pretendan la transformación del modo de producción actualmente imperante. Por el contrario, se trata de mecanismos que pretenden el difícil cumplimiento de un doble objetivo. Por un lado, conseguir una reducción de emisiones a través de la transición energética y, por otro, no modificar la esencia del propio modo de producción que parece imposible de superar. Sin embargo, en teoría son imaginables tres posibles escenarios de transición. La elección de uno u otro tendría una repercusión directa en el trabajo y su regulación. En primer lugar, podría pensarse que un modelo basado en el crecimiento macroeconómico y en la concentración de capital podrá ser, en un futuro, respetuoso con el medio ambiente. Este escenario se ha demostrado inviable. El crecimiento indefinido es contrario, por su propia esencia, con un planeta finito en recursos y en capacidad de carga de los residuos que se generan en dicho modelo. Han trascurrido casi 50 años desde la elaboración de los informes sobre los límites del desarrollo , y cada año ha superado al anterior, por ejemplo, en la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. El segundo de los escenarios que podría producirse en un futuro se refiere a la necesidad de llevar a cabo un pacto global verde (Green New Deal) que sea consciente de que los problemas medioambientales requieren de unos compromisos globales en aras a la consecución de unos menores efectos adversos de las actividades industriales . No obstante, en dicho modelo no se cuestionaría la continuidad de los crecimientos económicos, incompatibles, desde nuestro punto de vista, con la regeneración de los ecosistemas y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

El tercero de los escenarios implicaría un cambio radical en la manera en la que nos hemos relacionado con la naturaleza en los últimos dos siglos. Este cambio debería implicar la superación del conflicto capital-naturaleza y capital-trabajo. En el marco de una economía planificada, se habría de avanzar hacia un modelo productivo que antepusiera los intereses sociales y naturales al enriquecimiento de ciertas clases sociales. Dicho paso habría de suponer un decrecimiento económico, unido a una distribución justa de los recursos entre todos los individuos y pueblos . A pesar de que cada vez se habla con mayor insistencia de la necesidad de transitar hacia el segundo de los modelos descritos, seguimos anclados en el primero de ellos y sufrimos las consecuencias adversas que el mismo supone tanto para el medio ambiente como para la creación de empleos de calidad