El proyecto presentado en las Cortes de Cádiz para mejorar el gobierno de Filipinas

Abstract

En la sesión secreta de Cortes de 21 de abril de 1812 se abordó una proposición formulada por el diputado filipino Ventura de los Reyes y Serena. No hubo novedad al respecto durante casi un año hasta que en la sesión también secreta de 27 de febrero de 1813 se leyó el informe de la Comisión Ultramarina sobre la proposición, acerca del comercio de Filipinas con los puertos del mar del Sur, no solo sobre géneros, frutos y manufacturas de ellas, sino sobre iguales artículos de China. Según la comisión, una vez extinguida la ruta de navegación entre Acapulco y Filipinas, que surgió en 1565 y que se mantuvo hasta 1811 con la nao de Acapulco, también conocida como la nao de China o el galeón de Manila, convenía permitir a aquellos naturales, además del libre comercio de sus efectos, el de los de China, en la cantidad de un millón de pesos fuertes de exportación y de dos millones de retorno. Las Cortes acordaron que quedase el expediente a disposición de los diputados para tener mayor conocimiento. El asunto quedó aparcado hasta mediados de mayo cuando la Regencia, por medio del secretario de Hacienda, remitió su informe sobre la proposición. Ya en septiembre se pidió al Gobierno la consulta del Consejo de Estado y poco después, conforme a lo solicitado por Reyes, se procedió a la discusión del dictamen de la comisión especial de comercio, consiguiente a la proposición que hizo en la sesión del 29 de marzo anterior. Fue el 14 de septiembre, el mismo día en que cerraron sus sesiones las Cortes generales y extraordinarias, cuando se promulgó el decreto sobre la supresión de la nao de Acapulco y varias medidas a favor del comercio de las islas Filipinas con Nueva España. Concretamente, se dispuso que quedaba suprimida la citada nao y que los habitantes de las islas Filipinas podían hacer a partir de entonces el comercio de géneros de China y demás del continente asiático en buques particulares nacionales, continuando su giro con Nueva España a los puertos de Acapulco y San Blas, bajo el mismo permiso de 500.000 pesos y el millón de retorno. En defecto del puerto de Acapulco, podían ir las embarcaciones al de Sonsonate. Asimismo, para animar este comercio, se concedía a Filipinas la gracia de prorrogarle por cuatro años la rebaja de derechos que dispensó Carlos IV por su real cédula de 4 de octubre de 1806. De otro lado, la acción de que gozaban los agraciados en las boletas cesaba con la supresión de la nao y la Diputación provincial de Filipinas sería la encargada de instruir expediente donde se incluirían todas las concesiones, sin perjuicio de que esta corporación debía oír previamente, no solo a los ayuntamientos, sino también a los empleados de la Hacienda pública, conocidos hasta ahora con el nombre de ministros de la Real Hacienda. Al año siguiente, nos encontramos con otra propuesta del diputado Reyes. En este caso, advirtió sobre la necesidad de clasificar las alcaldías mayores, nombrando para servirlas a letrados de buen concepto, que estuvieran dotados de sueldos adecuados para evitar que participasen en el privilegio del comercio. Conforme a ello, se expidió la real cédula de 17 de noviembre de 1817, donde se ordenaba al gobernador general de Filipinas que instruyese el oportuno expediente informativo. A partir de 1820 se concedió a los particulares exportar de Filipinas efectos por valor de 750.000 pesos anuales, ampliando los viajes, además de Acapulco, a San Blas, Guayaquil y Callao.