Requisitos de acceso a la actividad aseguradora: especial referencia a las sociedades anónimas de seguros

Abstract

Nuestro Ordenamiento jurídico, al igual que los Ordenamientos de nuestro entorno jurídico más próximo, -con el fin principal de garantizar la solvencia de las entidades aseguradoras-, configura la actividad aseguradora como una actividad económica intervenida por la Administración pública. Así, exige no sólo que las entidades aseguradoras adopten formas jurídicas impuestas por la Ley (ex art.27,1 LOSSEAR), sino que, además, condiciona su actividad a la obtención de autorizaciones administrativas que presuponen la comprobación del cumplimiento de los requisitos que el legislador estima suficientes para el ejercicio eficiente y adecuado de la actividad aseguradora, y establece una minuciosa normativa que reglamenta los modos de gestión y las garantías financieras de la entidad aseguradora a fin de salvaguardar los intereses públicos. Es precisamente en esos requisitos legales de acceso al mercado de seguros y en esas garantías financieras a las que se someten a las entidades aseguradoras en general, y a las SAS en particular, en los que centramos nuestra atención en el presente trabajo, puesto que son aquellos requisitos y estas garantías las que conforman las especialidades que presenta el régimen jurídico aplicable a las SAS respecto al régimen jurídico común regulador de todas las SA.