La jurisdicción especial de las comisiones militares ejecutivas y permanentes en las postrimerías del Antiguo Régimen

Abstract

Al comienzo de la última fase de su reinado, Fernando VII tomó la determinación de adjudicar a la jurisdicción castrense el conocimiento de las causas seguidas contra quienes fueran considerados contrarios a su persona o gobierno. A eso se sumaron todos los delitos cometidos por quienes perturbaban la tranquilidad pública como ladrones, salteadores de caminos o contrabandistas. Esta situación duró poco más de año y medio, pues en agosto de 1825 quedaron disueltas las llamadas comisiones militares ejecutivas y permanentes, pasando todas las causas que aún estaban pendientes de fallo a la jurisdicción ordinaria, aunque en marzo de 1831 nuevamente fueron restablecidas para reprimir ciertas conductas criminales de especial gravedad acaecidas en las fechas previas. Finalmente, tras la muerte del monarca y la apertura de un nuevo período, estas comisiones dejaron de funcionar.

At the beginning of the last phase of his reign, Fernando VII made the determination to assign to the military jurisdiction the knowledge of the cases followed against those who were considered contrary to his person or government. To this were added all the crimes committed by those who disturbed the public tranquility such as thieves, highway robbers or smugglers. This situation lasted a little over a year and a half, since in August 1825 the so-called executive and permanent military commissions were dissolved, passing all the cases that were still pending a decision to the ordinary jurisdiction, although in March 1831 they were reinstated again to repress certain particularly serious criminal conduct that occurred on the previous dates. Finally, after the death of the monarch and the opening of a new period, these commissions stopped working.